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Publicado por
Madre Tierra
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En días recientes pequeños y grandes
propietarios de los predios que serían inundados por El Quimbo,
denunciaron las presiones indebidas y el acoso de los funcionarios de
Emgesa para que vendan sus fincas a los precios que les imponen y en
las condiciones que a Emgesa conviene. Por estos hechos, conocidos en el
terreno y de la voz de los campesinos, Plataforma Sur y Asoquimbo
solicitaron un pronunciamiento del Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial, MAVDT.
En la respuesta del MAVDT (oficio
radicado 4120-E1-94099, del 27-07-2010, expediente 4090), quien fungía
hasta ese momento como directora de Licencias, Permisos y Trámites
Ambientales, la Ingeniera Diana Marcela Zapata Pérez, evade las
denuncias y se limita a pedir un “listado de propietarios” que se hayan
visto en la situaciones de presión, y de paso eludió hacer referencia a
la denuncia según la cual “el Ministerio de Ambiente viola el Artículo
23 de la Constitución Política al no resolver de fondo la petición para
que se expedida y se notifique a todos los afectados el Acto
Administrativo, resultante de la visita de seguimiento a la Gestión
Social de Emgesa, sobre identificación de impactos ocasionados por la
aplicación de la Resolución 321 del 1 de septiembre de 2008”.
¿Por qué la jefa de Licencias del
MAVDT se niega a responder sobre el Acto Administrativo de seguimiento a
la Gestión Social de Emgesa que se realizó en octubre del 2009 y que
estaba obligada a hacerlo? ¿Qué pasa en el Ministerio? ¿Terminó la era
Uribe, de feria de licencias de obras o ese será otro de los huevitos
que protegerá el gobierno de Juan Manuel Santos? Si eso es así, el
juramento con los mamas de la Sierra Nevada que pronto de quebrantó.
Existe una hipótesis sobre el
comportamiento de la dama Zapata: La funcionaria es consciente de las
irregularidades denunciadas por las comunidades, pero prefiere el
silencio para mantener la impunidad, debido a su compromiso directo con
el gobierno de Uribe (ambos son paisas) y la transnacional
Endesa-Emgesa de realizar el negocio a favor de intereses particulares
contra el interés público, afectando al Huila y las comunidades, muy al
contrario de la forma como se resolvió el proyecto Pescadero Ituango en
Antioquia.
Mientras en el Huila se entrega parte
del territorio a la transnacional Endesa-Emgesa (hoy ENEL) para la
cuestionada construcción de El Quimbo, sin un solo peso de participación
del Departamento y sus 37 municipios, los antioqueños no permitieron
que el gobierno de Uribe vendiera parte sustancial de las acciones del
Proyecto Pescadero Ituango a empresas particulares (“delito de lesa
patria”, lo llamó el ex gobernador Gómez Martínez) y pactaron que la
obra será construida, operada y administrada por las Empresas Públicas
de Medellín y su rentabilidad favorecerá a todos los Municipios de
Antioquia, pues éstos son sus accionistas.
Claro, en el Huila el gobierno de
Uribe y su gendarme de licencias en el MAVDT contó con el respaldo miope
y egoísta de políticos clientelistas y gamonales, el director de la
Cámara de Comercio, el aval del director de la CAM y hasta de académicos
silenciosos y licenciosos. ¡Qué huilensidad, eso sí es hacer patria!
En ocho años, el MAVDT expidió cerca
de 100 mil permisos (energéticos, mineros, de agro-combustibles, vías,
etc.), que se traducen en una carta abierta para la destrucción de los
más diversos ecosistemas en los cuatro puntos cardinales del territorio y
hasta en la última de las cumbres de nuestras cordilleras andinas. ¿Y
todo esto para qué? Para defender y beneficiar a las empresas
multinacionales en el expolio de las riquezas nacionales a nombre de la
llamada confianza inversionista. De esta manera, la señora Zapata
adquirió poder en el MAVDT. Ahora, en el ocaso de su tarea impone el
silencio en el despacho frente a las graves denuncias que desde
distintos lugares del país se vienen formulando por las comunidades y
organizaciones sociales y ambientales.
Es urgente establecer una veeduría que
vigile directamente el comportamiento de estos funcionarios y se haga
seguimiento riguroso a las acciones jurídicas (Populares, de Tutela,
nulidad) en curso en los estrados judiciales, que buscan hacer
prevalecer la constitución, defender los derechos de las personas, las
comunidades, evitar el daño ambiental y ecológico y, como decía el ex
gobernador Gómez Martínez, atajar el delito de lesa patria, y
añadiríamos de lesa humanidad, que se consumaría de construirse de El
Quimbo. |
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| Escrito por Por Miller Dussán
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Lunes 30 de Agosto de 2010 15:20 |
0 Response to "¿Por qué el Ministerio de Ambiente de colombia se convirtió en una empresa de licencias de obras?"