El problema nace cuando la construcción de hidroeléctricas implica el desplazamiento de cientos de aborígenes de sus territorios ancestrales.

El informe aborda de manera histórica el problema y señala que el momento más crítico fue en la década de 1970. época cuando  “se construían mil al año”.

Para 1990 la preocupación crece sobre los efectos negativos que producen por lo que ocho años después se crea la Comisión Mundial de Presas (CMP o WCD, según su sigla en inglés).

El informe reconoce los serios impactos de las represas sobre las vidas, medios de subsistencia, culturas y existencia espiritual de los pueblos indígenas y tribales.

Por ello, señala que es imprescindible que “allí donde los proyectos afecten a pueblos indígenas y tribales, dichos procesos deben ser guiados por su consentimiento libre, previo e informado”.

El informe hace mención que la mayoría de estos proyectos se realiza sin consultar a la población afectada o el desarrollo del mismo no es el más adecuado.

El texto explica el problema en función a distintos casos reales existentes en Asia, África y América, donde las comunidades originarias ya no pueden vivir de acuerdo a su cultura.

Ese es el caso del embalse de la presa Bakun de Sarawak que provocó la expulsión de miles de familias, entre ellas indígenas.

En el estado de Mato Grosso, en Brasil, en el 2009 y 2010, el pueblo indígena de los Enawene Nawe no pescó nada durante su temporada anual de captura de peces.

Ese desastre se debe a que el caudal del río cambió debido a las setenta pequeñas presas hidroeléctricas que se construyen a lo largo del río Juruena.

Otro aspecto que se desarrolla en el documento es la pérdida de territorio debido a que la mayoría de las comunidades no cuenta con título de propiedad.

El documento destaca el vínculo vital que existe entre los pueblos indígenas y su tierra debido a que la Madre Tierra influye en su estructura y cohesiona a sus habitantes.

También brinda recomendaciones, tales como que las presas hidroeléctricas en tierra de pueblos indígenas deban paralizarse, al menos hasta que sean aprobadas por las mismas poblaciones. Eso incluye también hasta que los derechos territoriales colectivos de los indígenas sean reconocidos.

En el caso de los pueblos indígenas aislados, con los que la consulta no es posible, el informe claramente afirma que no deberían construirse hidroeléctricas en territorios que les afecten.

Finalmente, afirma que las empresas y los inversores financieros sólo deben involucrarse en el proyecto de una presa hidroeléctrica si cuenta con un total consentimiento de las comunidades originarias afectadas.