El editorial está plagado de falacias burdas, que solo los ilusos y desinformados se tragarían enteras. Veamos por qué:

1) Ituango tiene un valor de 5.000 millones de dólares frente a unos 700 millones de El Quimbo, es decir, 7 veces más.

2) Ituango es un negocio de los colombianos de Antioquia, 100 por ciento. Allá no se está cediendo suelo patrio a ninguna empresa extrajera. El Quimbo es un negocio 100 por ciento privado en el cual ni La Nación ni el Departamento tienen participación alguna. Ituango será construida y operada por los antioqueños, a través de EPM, en una clara demostración de su capacidad y progreso tecnológico y empresarial.

No obstante, no puede desconocerse que Hidroituango no es la excepción cuando de consecuencias adversas para el medioambiente se trata. Como bien los señala la Comisión Mundial de Represas, máxima autoridad mundial en la materia, todo embalse tiene un efecto negativo sobre los ecosistemas y entrega su cuota al calentamiento global. Además, producen desplazamiento forzado. Por eso, hoy día son vistas como tecnologías no limpias y obsoletas, frente a los nuevos avances de las tecnologías energéticas que permiten la utilización del sol, el aire, las mareas y el hidrógeno. Consecuencias que han sido advertidas por un importante movimiento social en Antioquia.

3) El Quimbo solo producirá el 5 por ciento de la producción energética nacional, en su mejor momento, y esa energía será 100 por ciento para exportación. Solo en un caso eventual, remoto, su energía iría a consumo interno. Se espera que Hidroituango genere unos 20.000 empleos directos e indirectos y regalías por la venta de energía por unos 40.000 millones de pesos a 158 municipios de la cuenca del río Cauca, no sólo en Antioquia sino también en Valle, Risaralda, Quindío, Caldas y Cauca. En El Quimbo, como sugiere el señor Julio Santafé en declaraciones de prensa, todos los técnicos vendrán de fuera, y los pocos empleos temporales que darían a los huilenses serían los de menor calificación. Las regalías, como sucedió con Betania, terminarán devoradas por la corrupción regional.

4) El Quimbo inundará áreas de cultivos permanentes y transitorios (Gigante, Garzón y Agrado), que suman más de 2.000 hectáreas, además de pastos e instalaciones agrícolas y ganaderas. Actualmente se siembra tabaco, cacao, arroz, sorgo, maíz, plátano, yuca y frutales diversos. El valor de la producción y comercialización agropecuaria se estima en $32.000 millones anuales (750 predios).

La inutilización de tierras agrícolas significa una pérdida económica y contribuye a la progresiva disminución de la seguridad alimentaria de la región y el país. Este cambio negativo se expresa en el decrecimiento porcentual de la producción agropecuaria en relación con el PIB regional que en el caso del municipio de El Agrado es de 30%.

5) Inundación e inutilización de vías carreteables primarias, secundarias y terciarias, puentes vehiculares y vías peatonales, infraestructura pública que costó dinero y trabajo.

6) Desplazamiento de 427 familias, 1.466 personas residentes con pérdida de puestos de trabajo que forman el tejido social y económico de las veredas Espinal, La Honda, El Libertador, Matambo, Río Loro, Veracruz, La Cañada, Pedernal, San José de Belén, La Yaguilga, La Escalereta, Alto de San Isidro, Balseadero, Monserrate, Barzal, Llano de la Virgen y Domingo Arias. Ocho de estas comunidades son producto de más de 40 años de lucha hasta lograr ser incluidos en los programas de Incoder.

7) Tras muchos años de reclamaciones y luchas, se habían logrado 9 proyectos de distritos de riego con un costo estimado de $112.296 millones, incluso previstos dentro del Plan de Desarrollo Departamental vigente.

8) Inundación de 842 hectáreas de bosque ripario seco tropical, ecosistema en peligro de extinción y que forma parte una de las pocas zonas que aún se conservan en Colombia. Se destruirían los hábitat y los nichos ecológicos de 103 especies de aves, 13 especies de reptiles y entres ellas, tres especies de mamíferos en severo riesgo de extinción: la serpiente pacaraná (Dinomys branickii), el mono nocturno de manos grises (Aotus griseimembra) y la nutria neotropical o de río (Lontra longicaudis). La modificación de la corriente hídrica y las de la propiedades físicas y químicas del agua, efecto de toda represa, afecta negativamente la supervivencia de peces que dependen de corrientes rápidas y que son necesarias para la seguridad alimentaria local y la subsistencia natural de otras especies.

Las anteriores son solo las consecuencias más protuberantes. Son irreversibles, son irreparables, razón por la cual se habla de compensaciones.

¿A cambio de qué? Hagamos las cuentas que Diario del Huila no hace. El economista Eduardo Patarroyo, ex director de la CAM, en el debate que se adelantó en el Congreso de la República, nos abrió los ojos: la productividad cesante anual asciende a $ 31.980 millones anuales, valores presentes, y calculada a 50 años serían $1’599.000 millones. La compensación anual ofrecida es de $7.038 millones (incluidos impuestos predial y de industria y comercio), que por los mismos 50 años representaría $351.900 millones, lo que equivale a una pérdida neta de $1’247.100 millones para la región, en el supuesto de que no haya mejora en la productividad actual.

¡Obtener regalías de 140 mil millones de pesos frente a una pérdida neta para el Huila de 1 millón 247 mil 100 millones, no es de celebrar! Las regalías son 9 veces menos que lo que obtendríamos a partir de la producción agrícola a precios actuales. Por favor, ¿si eso no es un negocio chimbo, entonces qué lo es?

La astronómica pérdida contrasta con las proyecciones de las utilidades que recibiría Emgesa: la inversión inicial de $1.575.000 millones ($US 700 millones), se recuperaría en los primeros 12 años, si se tiene en cuenta que la utilidad anual sería de $157.500 millones, (US$ 70 millones). En los 38 años restantes Emgesa obtendría una utilidad neta de $5.980.000 millones, (US$ 2.660 millones). De esta gigantesca cifra solamente habría que deducir los $14.000 millones iniciales (US$ 6.22 millones), que pagaría por una sola vez la multinacional, para una utilidad neta de $5.966.000 millones, (US$ 2.651.55 millones). Así pues, los dueños del territorio resultamos siendo los grandes perdedores, sin tener en cuenta los daños colaterales sobrevinientes.

¿Cómo no oponerse a un proyecto con tan negativas consecuencias y pírricos beneficios económicos? Por eso el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en una conducta que solo puede interpretarse como desprecio por el Huila, adelantó la negociación en secreto, contando con la complicidad del gobernador y los alcaldes, los representantes y los senadores, sin excepción. ¿Por qué con Hidroituango no se procedió de la misma forma?

Tras muchas presiones y debates argumentados (en los que nunca se nos pudo controvertir con argumentos verdaderos, razonables y lógicos) se lograron una serie de compensaciones por valor de 140 millones de dólares, apenas justas, que luego, en una conducta perversa y de nuevo con la complicidad de los dirigentes de aquí, pretendían desmontar a través de la conciliación extrajudicial, para hacerle conejo al Huila y burlarse de la buena fe de nuestras gentes. Por fortuna, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló en derecho para hacer prevalecer el interés general sobre el particular. Y para recordarle al equipo jurídico de Emgesa, que la conciliación extrajudicial solo procede cuando se trata de asuntos entre particulares y no entre el Estado y un particular, pues aquel representa el interés general de la Nación.

Ignorando todo lo anterior, dice el editorialista del Diario del Huila que “la multinacional ha expresado su desacuerdo por considerar que [los costos] hacen inviable la construcción del proyecto, lo cual resulta lógico ya que ‘nadie hace pan para vender pan’”. Y pregunta cínica y retóricamente que “¿Por qué aplauden y celebran que una conciliación se dañe, si esto trae la eventual pérdida del proyecto?”, para responderse a sí mismos que “los objetivos de tanta traba y crítica son políticos”, en alusión a quienes hemos asumido, con absoluto convencimiento, esta causa. Debemos responderle a Diario del Huila, que las dimensiones ambiental y social constituyen uno de los intereses centrales de la política aquí y en Cafarnaúm. Que recuerde que ya terminaron los ocho años de abuso del gobierno Uribe. Qué es legítimo defender los intereses colectivos regionales y que el ambientalismo y la ecología tienen una dimensión política y viceversa.

Abran bien los ojos gentes del Huila. Piensen y razonen. Atentos a tanta falacia que circula en los medios con las cuales solo se pretende defender el interés egoísta de la pauta publicitaria que reciben los periódicos locales por parte de Emgesa y los beneficios económicos y políticos que un puñado de personas entre ellos empresarios y políticos recibirán por cómplices de un proyecto tan chimbo como El Quimbo.

Ojalá podamos celebrar como los antioqueños tras haber echado por tierra El Quimbo, en vez de tener que decirle a nuestras futuras generaciones que no fuimos capaces de detener semejante atraco, semejante engaño a los huilenses, tal y como nos sucedió con Betania, hoy en manos de Emgesa.