“Si esa tierra no tiene esas minas, a nosotros no se nos hubiese hecho lo que nos hicieron”, dice Isabel López* bajo la débil sombra de un mango en el patio polvoriento de su casa en Bosconia, Cesar, donde llegó en 2004 huyendo de su vereda Mechoacán, en la Jagua de Ibirico, desplazada por los paramilitares.

El lamento  se repite en una casita del barrio de invasión 25 de diciembre, al pie de la pista del aeropuerto de Valledupar. Ahí, Ana Ramos*, que se amontona con 17 familiares en dos cuartos, recuerda: “En 2002 salimos volados de El Prado en La Jagua, después de que los ‘paras’ mataron a 12 personas”.

Aunque Ana y María no se conocen, comparten la misma tragedia. En los años noventa, junto a decenas de familias, lograron que el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora, ahora Incoder) les adjudicara parcelas en las veredas Mechoacán y El Prado de La Jagua de Ibirico, un municipio a 125 kilómetros al sur de Valledupar, al pie de la Serranía del Perijá.

“En 1990, por la falta de tierra y de oportunidades, nos juntamos con varios compañeros para invadir la hacienda Mechoacán en La Jagua“, le contó a VerdadAbierta.com Ulises Daza*, un campesino analfabeta que hoy sobrevive en Bosconia. Después de varios años de ocupación, el 3 de agosto de 1994 el Incora adquirió las 4.700 hectáreas de Mechoacán por 716 millones de pesos, que repartió entre 133 familias de campesinos sin tierra.

“Yo tenía una casa con techito de palma, cocina, teníamos carneros, gallinas. Sembrábamos yuca, patilla, naranjas, mandarinas, cocos, mango. Los palos de mango todavía están ahí, lo que ya no existe somos nosotros”, recuerda Manuel Hernández*, ex parcelero de Mechoacán.

Las adjudicaciones de El Prado tuvieron un origen distinto. En1996, 500 colonos colombianos casi crean un incidente diplomático con Venezuela. Tras 20 años de vida en los bosques de la Serranía del Perijá, la Guardia Nacional de Venezuela atacó y desalojó a más de 80 familias que estaban desparramadas en finquitas cafeteras sobre la línea fronteriza.

Después de sobrevivir meses en la escuela de Victoria de San Isidro, un corregimiento de La Jagua, la tragedia de estos colonos se volvió casi un símbolo patrio y la gobernación del Cesar y el Incora los reubicaron en varios predios de la región.

El 21 de mayo de 1997 el Incora compró en 910 millones de pesos la hacienda El Prado, en la Jagua de Ibirico, 1300 hectáreas que el Instituto les entregó a 51 familias.

“En 1999 el Incora nos mandó cartas donde consta que nos da la posesión de las tierras y nos declara sujetos de reforma agraria”, le dijo a VerdadAbierta.com uno de los desplazados de El Prado. Y agregó “cuando llegaron los ‘paras’, nos quitaron esas cartas, las quemaron”.

La estampida

Por esas tierras, en cuyas entrañas hay millones de toneladas de carbón, los paramilitares del Bloque Norte de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, asesinaron a 18 campesinos, desplazaron a muchos más y arrasaron a las dos comunidades de Mechoacán y de El Prado.

“Los ‘paras’ crearon un ambiente de zozobra y terror generalizado para sacarlos y robarles las tierras” le dijo a VerdadAbierta.com un investigador judicial que lleva varios años siguiendo el caso de El Prado y Mechoacán.

El 19 de mayo de 2002 paramilitares del Bloque Norte entraron a El Prado. Llegaron a la Parcela 12 sacaron a culatazos a Jesús Eliécer Flórez Romero y a sus tres hijos Bladimir, Gustavo y Elyesil, éste último de 16 años. Secuestraron además a Edilberto Góngora, que visitaba la familia Flórez ese día.

La señora Margot Durán, la esposa de Jesús Eliécer Flórez, recordó: “Llegó un grupo de hombres a las 10 de la mañana. Se metieron a la casa y se los llevaron amarrados. No se identificaron pero en medio del susto les pude leer un brazalete que decía contraguerrilla”.  Ella nunca volvió a ver vivos a su marido y sus hijos. Tampoco ha encontrado sus cuerpos.

En entrevista con VerdadAbierta.com, Alcides Mattos Tabares, alias ‘El Samario’, uno de los jefes del Bloque Norte, aceptó que fue uno de los asesinos de la familia Flórez.   “Todo esto se hace por las tierras, que son ricas en carbón, esto genera mucho dinero, por esto viene todo este desplazamiento. Una tierra en conflicto no vale nada, donde hay muertos, desplazados, uno podía comprar la hectárea a 150 mil pesos”, dijo.

En una versión libre de noviembre de 2009, ‘El Samario’ también confesó la masacre. Según contó, el grupo de ‘paras’ salió de la finca El Carmen, de Hugues Rodríguez, que colinda con El Prado. ‘El Samario’ le explicó a la Fiscalía: “Ahí estábamos con ‘Tolemaida’ en una reunión con el abogado José Daza Ortiz. ‘Tolemaida’ les sacó información y yo maté a uno, él a dos y José Daza a dos más. Después los sacaron en un tractor y salieron con la retroexcavadora. Los desaparecieron, no sé donde fueron enterrados”. ‘Tolemaida’ es Oscar José Ospina Pacheco, mano derecha de ‘Jorge 40’.

En los meses siguientes los ‘paras asesinaron a siete parceleros más de El Prado: Orlando Arias, Edward Bernal, José Sarabia, Crisanto Quintero, Santiago Francisco Lindarte, Huber Meza y un señor llamado  Jimmy.

‘El Samario’ además le explicó a la Fiscalía que los crímenes eran ordenados por Hugues Rodríguez, el presunto ‘Barbie’ del Bloque Norte, un amigo de infancia de ‘Jorge 40’, y cuya hermana fue asesinada por las guerrillas. Hugues fue condenado en Colombia por el asesinato de la jueza de Becerril Marilys Hinojosa y que ahora está con libertad condicional en Estados Unidos, mientras negocia una condena por lavado de activos con la justicia de ese país.

‘El Samario’ también dijo: “En Justicia y Paz me enteré que estas tierras fueron entregadas a familiares del difunto ‘39’ . Me enteré de esto y que era porque Hugues (Rodríguez) quería expandir sus tierras, porque tenían carbón, de ahí es donde nace todo esto”. David Hernández Rojas era ‘39’, segundo al mando del Bloque Norte.

Hoy Hugues Rodríguez, sus familiares y la sociedad Inversiones Rodríguez Fuentes poseen cerca de ocho mil hectáreas, entre las que están las parcelas de los campesinos usurpados de El Prado y Mechoacán, sobre la mina de carbón El Descanso, una de las  más grandes de Sur América.

En Mechoacán también sacaron a los adjudicatarios del Incora a la fuerza. El 2 de agosto de 2004 Enrique Sierra, alias ‘Peluca’, Adolfo Rada, alias ‘120’ y Erney Quintero, alias ‘80’, gatilleros del Bloque Norte, asesinaron a Luis Trespalacio Herrera, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Mechoacán.

“Lucho Trespalacio era conocedor de los principios de la reforma agraria y defensor acérrimo de los campesinos” recuerda Isabel López* en su patio en Bosconia. Los ‘paras’ también mataron a Gabriel Cudri, miembro de la JAC de Mechoacán.

José Herrera*, desplazado de Mechoacán, recordó: “Desde el 99 empezaron a meterse grupos. Una noche mi hijo mayor les dijo que cómo así, que tanto habíamos luchado por las tierras y no se las íbamos a dar así. Me lo iban a matar, por eso me fui a Riohacha. Pero igual los ‘paras’ fueron allá y me lo mataron. Dijeron que fuera donde fuera, me lo mataban, porque no se dejó amedrentar de ellos. Y así hicieron con casi todos los que recibimos esta tierras”.

‘El Samario’ le dijo a VerdadAbierta.com que no estuvo en Mechoacán, pero que sabe que allá los asesinatos y el desplazamiento también fueron por el carbón.

¿Cómo se robaron las tierras en El Prado?

Sin embargo la maldición del carbón para los campesinos de Prado y de Mechoacán apenas empezaba.

Cómo la ley 160 prohíbe vender tierras de reforma agraria antes de doce años, los ‘paras’ desplazaron a sus dueños. Después del desplazamiento el Incoder (que reemplazó al Incora) constató que las tierras estaban abandonadas y se las entregó a otras personas.

Según consta en los folios de matricula inmobiliaria donde pocos meses después de las masacres y los desplazamiento, declara que estas tierras están en caducidad administrativa.

Según investigó la Fiscalía, en El Prado ,el Incoder le traspasó las Parcelas 6,9, 10, 45 y 48 a familiares de David Hernández, alias ‘39’, ex jefe del frente Cesar del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y mano derecha de ‘Jorge 40’, asesinado en 2004. Cuatro sobrinos de ‘39’ y la compañera de uno de ellos figuran como los dueños.

Los investigadores judiciales también determinaron que el Incoder le dio un tercio de los predios (17 parcelas)  a una sola familia, lo que está prohibido por ley y que, presuntamente con la complicidad de su  director de entonces, Carlos Eduardo Reyes Jiménez, el Incoder de Cesar le reconoció la posesión a los testaferros de los paramilitares. Estos testaferros después le vendieron sus terrenos a Prodeco, multinacional suiza de la minería, según constataron funcionarios de la Fiscalía.

Por el probable origen espurio de los títulos, la Fiscalía ordenó medidas cautelares sobre los predios. Además acusó de concierto para delinquir, extorsión y desplazamiento forzado a ‘39’, ‘Tolemaida’, ‘El Samario’, y al ex gerente regional del Incoder, Carlos Reyes. También solicitó abrirle investigación a otros funcionarios del Incoder: a Enrique Herrera Araujo, asesor de la gerencia, a Jairo Mesa Guerra, subgerente de promoción y a Alfonso Vidal Baute, director territorial del Incoder.

En Mechoacán los muertos firmaron

Para los campesinos de la vereda Mechoacán la venta de sus tierras fue aún más irregular. Cómo los parceleros llevaban más tiempo en sus tierras, ya tenían títulos de propiedad, por lo que los ‘paras’ y sus aliados, según lo determinó la Fiscalía,   tuvieron que recurrir al notario de Chiriguaná, Cesar, para falsificar las escrituras originales.

Tiberio Royero, el notario de Chiriguaná en la época y  Carlos Reyes Jiménez, gerente del Incoder de Cesar  aprobaron nuevos títulos, a todas luces fraudulentos. Así por ejemplo, ya muertos, varios parceleros de Mechoacán firmaron el presunto traspaso de sus escrituras. Es el caso de Esteban Muñoz, que falleció el 15 de agosto de 2006 y que firmó la escritura el 6 de septiembre de 2006, es decir tres semanas después de su deceso.

VerdadAbierta.com también encontró diversos documentos donde las cédulas de las personas que salen firmando no corresponden a la identificación real de los parceleros de Mechoacán.

Así mismo varios campesinos analfabetas se quejaron ante VerdadAbierta.com que el traspaso de sus lotes fue refrendado con firmas falsas. “Yo ni siquiera sé firmar. Mi papá sólo nos enseñó a echar machete y ahora mis escrituras salen con una firma perfecta”, explicó a VerdadAbierta.com Ignacio Zuleta*.

Hay que resaltar que en 2003 once campesinos dueños de Mechoacán ya estaban en el registro departamental de desplazados por la violencia, según consta en los archivos de Acción Social. De todos modos, el Incoder  decidió caducar la adjudicación de 26 parcelas, entre las cuales había por lo menos dos que pertenecían a familias desplazadas a la fuerza, ya registradas. Así lo determinó el CTI. El Incoder tenía la obligación de tomar medidas cautelares sobre esos predios y evitar la venta. En vez de eso declaró que las tierras estaban abandonadas, lo que permitió el traspaso de los títulos.

Así, entre los nuevos propietarios de Mechoacán está Ana Alicia Quiroz Martínez, alcaldesa de La Jagua de Ibirico entre 1998 y 2000, condenada en 2009 a cuatro años de prisión por uso irregular dineros públicos. Según un documento de la Fiscalía tenía la parcela 36.

Otro político que se quedó con tierras fue Laureano Enrique Rincón Ortiz, alcalde de La Jagua electo en 2006, destituido en 2007 por la Procuraduría. Según consta en las matrículas inmobiliarias de Mechoacán, en 2006 Rincón aparece a la cabeza de la parcela 75.

A su vez Jorge Alberto López, parcelero original de Mechoacán, se vio favorecido con una entrega masiva de predios y terminó con más de diez parcelas en sus manos. La investigación judicial constató que él adquirió las parcelas 17, 74, 75, 50, 51, 53, 56 y 87, ya sea a su nombre o que “a través de personas interpuestas”.

Por las graves irregularidades el ex notario de Chiriguaná Tiberio Antonio Royero Rangel tiene medida de aseguramiento. Royero, declaró ante la justicia que no es responsable por el robo de tierras, pues lo hizo bajo la presión de los ‘paras’.

Según Royero, en enero de 2006, las autodefensas le advirtieron que tenía que firmar escrituras previamente elaboradas por Enrique Rincón (ex alcalde de La Jagua) y Rina Caicedo Duarte. El ex notario también señaló que Carlos Reyes, entonces gerente del Incoder Cesar, le dio dinero como “parte de pago de los derechos notariales e impuestos de las escrituras que se estaban elaborando”.

¿Quién tiene las tierras hoy en día?

Después de haberse tomado las tierras de Mechoacán y El Prado, los presuntos testaferros de los paramilitares y varios políticos negociaron los predios usurpados con las multinacionales Prodeco y Drummond. Hoy buena parte de esas tierras son devoradas por enormes volquetas y retroexcavadores gigantes que explotan el carbón. Las medidas de protección llegaron demasiado tarde, cuando algunos de estos predios ya estaban siendo explotados por las mineras.

En 1997 el Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas) y Drummond firmaron un contrato para la exploración y explotación de El Descanso, con reservas aproximadas de 1.760 millones toneladas de carbón. Después de decenas estudios, en 2009 se iniciaron las primeras excavaciones. Además se prevé que debajo de las capas de carbón de El Descanso reposan millones de metros cúbicos de gas.

Como los recursos subterráneos son propiedad de la Nación, las compañías que obtienen las concesiones tienen que conciliar con los propietarios de los predios donde se encuentran las minas o de lo contrario serán expropiados.

Después de cancelar las adjudicaciones a los campesinos y los predios quedaron oficialmente baldíos,  el Incoder pactó con Prodeco y Drummond para entregárselos. Nelson Urbina, defensor de desplazados de El Prado resumió el despojo: “El Incoder les quita la posesión diciendo que se fueron voluntariamente, cuando ellos se fueron amenazados y se metieron otras personas y éstas negociaron con Prodeco. Los que vendieron no son los verdaderos dueños, los suplantaron, porque los verdaderos propietarios se fueron del Cesar”.

Según consta en documentos oficiales, de las 128 parcelas de la vereda Mechoacán, 124 están ocupadas por Drummond. La justicia tiene parte de estas tierras en extinción de dominio, y la carbonera estadounidense necesita comprarlas para seguir con la explotación de la mina.

En diversas oportunidades y a lo largo de varias semanas, VerdadAbierta.com intentó que voceros de la Drummond aportaran su versión de los hechos, y de si tenían o no conocimiento sobre el origen espurio de las tierras que compraron, pero no fue posible recibir respuesta.

El Prado fue comprado por Prodeco, compañía minera de la multinacional suiza Glencore. En un comunicado a la opinión pública de 2007,  Prodeco había informado que su empresa consiguió legítimamente los predios en la vereda, a través de una negociación con el Incoder. Explicó que el gobierno obligó la empresa a comprar los predios a 46 familias que tenían el título de propiedad e informó y que pagó por ellos en octubre de 2008 casi 4.000 millones de pesos. Y que enero de 2009 celebró con el Incoder un Contrato de Promesa de Permuta, donde el Instituto se comprometió a traspasarles la propiedad de El Prado.

En marzo de 2010 la multinacional suiza empezó la explotación de El Prado. Sin embargo algunos desplazados ocuparon los predios. Por eso, según el comunicado, “Prodeco solicitó la ayuda e intervención de la fuerza pública para prevenir y garantizar la integridad de unos y otros”.

La multinacional concluyó que a pesar de haber invertido más de 7.000 millones de pesos en El Prado, por las anomalías de Incoder no ha podido adquirir la totalidad de los predios, e invita las autoridades competentes a resolver la situación.

“Lo que es mío es mío”

En los últimos meses los propietarios originales de El Prado han denunciado la precaria situación en la que se encuentran.  El 14 de mayo de 2010 los campesinos se tomaron la sede del Incoder en Valledupar, que a sus ojos es el principal culpable del despojo, pues al declarar que los predios de El Prado y Mechoacán estaban abandonados permitió que pasaran a manos de testaferros de los ‘paras’.

Nelson Urbina, abogado de desplazados dijo: “Lo que queremos es que les den su propiedad a los legítimos dueños y que se beneficien si posteriormente la misma Prodeco o cualquier empresa minera está interesada en comprarles sus predios”.

Por eso la Procuraduría  abrió una investigación en julio de 2010 y solicitó crear una agencia especial que se ocupe del expediente e indague cuál fue el rol del Incoder en el despojo.

En los últimos meses las autoridades capturaron a José Ospino, alias ‘Tolemaida’, a Wilber Sierra, alias ‘Wicho’ y a Fernando Andrade, alias ‘El Lanero’, que asesinaron y desaparecieron a cinco personas de El Prado.

Sin embargo, Isabel López* aún no canta victoria, pues su situación sigue siendo la misma desde hace casi diez años. A pesar de poseer un lote que vale millones de pesos, vive en una casa de lata en Bosconia, vendiendo empanadas y jugos en los buses intermunicipales que paran en la ciudad.

Por eso dice con rabia y orgullo, “cuando digo que algo es mío, es mío, es mío y no voy a dejar de combatir hasta que me lo devuelvan”.

*Los nombres de  los desplazados de El Prado y Mechoacán con los que VerdadAbierta.com habló fueron cambiados por razones de seguridad.