En La Jagua de Ibirico, los ‘paras’ masacraron a 18
agricultores, se apropiaron de tierras de muertos, con un notario y el
Incoder, como cómplices y, luego se las vendieron a las multinacionales
del carbón.
La estampida
En Mechoacán los muertos firmaron
“Si esa tierra no tiene esas minas, a nosotros no se nos hubiese
hecho lo que nos hicieron”, dice Isabel López* bajo la débil sombra de
un mango en el patio polvoriento de su casa en Bosconia, Cesar, donde
llegó en 2004 huyendo de su vereda Mechoacán, en la Jagua de Ibirico,
desplazada por los paramilitares.
El lamento se repite en una
casita del barrio de invasión 25 de diciembre, al pie de la pista del
aeropuerto de Valledupar. Ahí, Ana Ramos*, que se amontona con 17
familiares en dos cuartos, recuerda: “En 2002 salimos volados de El
Prado en La Jagua, después de que los ‘paras’ mataron a 12 personas”.
Aunque
Ana y María no se conocen, comparten la misma tragedia. En los años
noventa, junto a decenas de familias, lograron que el Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria (Incora, ahora Incoder) les adjudicara
parcelas en las veredas Mechoacán y El Prado de La Jagua de Ibirico, un
municipio a 125 kilómetros al sur de Valledupar, al pie de la Serranía
del Perijá.
“En 1990, por la falta de tierra y de oportunidades,
nos juntamos con varios compañeros para invadir la hacienda Mechoacán en
La Jagua“, le contó a VerdadAbierta.com Ulises Daza*, un campesino
analfabeta que hoy sobrevive en Bosconia. Después de varios años de
ocupación, el 3 de agosto de 1994 el Incora adquirió las 4.700 hectáreas
de Mechoacán por 716 millones de pesos, que repartió entre 133 familias
de campesinos sin tierra.
“Yo tenía una casa con techito de
palma, cocina, teníamos carneros, gallinas. Sembrábamos yuca, patilla,
naranjas, mandarinas, cocos, mango. Los palos de mango todavía están
ahí, lo que ya no existe somos nosotros”, recuerda Manuel Hernández*, ex
parcelero de Mechoacán.
Las adjudicaciones de El Prado tuvieron un origen distinto.
En1996, 500 colonos colombianos casi crean un incidente diplomático con
Venezuela. Tras 20 años de vida en los bosques de la Serranía del
Perijá, la Guardia Nacional de Venezuela atacó y desalojó a más de 80
familias que estaban desparramadas en finquitas cafeteras sobre la línea
fronteriza.
Después de sobrevivir meses en la escuela de
Victoria de San Isidro, un corregimiento de La Jagua, la tragedia de
estos colonos se volvió casi un símbolo patrio y la gobernación del
Cesar y el Incora los reubicaron en varios predios de la región.
El
21 de mayo de 1997 el Incora compró en 910 millones de pesos la
hacienda El Prado, en la Jagua de Ibirico, 1300 hectáreas que el
Instituto les entregó a 51 familias.
“En 1999 el Incora nos mandó
cartas donde consta que nos da la posesión de las tierras y nos declara
sujetos de reforma agraria”, le dijo a VerdadAbierta.com uno de los
desplazados de El Prado. Y agregó “cuando llegaron los ‘paras’, nos
quitaron esas cartas, las quemaron”.
La estampida
Por esas tierras, en cuyas entrañas hay millones de toneladas de
carbón, los paramilitares del Bloque Norte de Rodrigo Tovar Pupo, alias
‘Jorge 40’, asesinaron a 18 campesinos, desplazaron a muchos más y
arrasaron a las dos comunidades de Mechoacán y de El Prado.
“Los ‘paras’ crearon un ambiente de zozobra y terror generalizado para
sacarlos y robarles las tierras” le dijo a VerdadAbierta.com un
investigador judicial que lleva varios años siguiendo el caso de El
Prado y Mechoacán.
El 19 de mayo de 2002 paramilitares del Bloque
Norte entraron a El Prado. Llegaron a la Parcela 12 sacaron a culatazos
a Jesús Eliécer Flórez Romero y a sus tres hijos Bladimir, Gustavo y
Elyesil, éste último de 16 años. Secuestraron además a Edilberto
Góngora, que visitaba la familia Flórez ese día.
La señora Margot
Durán, la esposa de Jesús Eliécer Flórez, recordó: “Llegó un grupo de
hombres a las 10 de la mañana. Se metieron a la casa y se los llevaron
amarrados. No se identificaron pero en medio del susto les pude leer un
brazalete que decía contraguerrilla”. Ella nunca volvió a ver vivos a
su marido y sus hijos. Tampoco ha encontrado sus cuerpos.
En
entrevista con VerdadAbierta.com, Alcides Mattos Tabares, alias ‘El
Samario’, uno de los jefes del Bloque Norte, aceptó que fue uno de los
asesinos de la familia Flórez. “Todo esto se hace por las tierras, que
son ricas en carbón, esto genera mucho dinero, por esto viene todo este
desplazamiento. Una tierra en conflicto no vale nada, donde hay
muertos, desplazados, uno podía comprar la hectárea a 150 mil pesos”,
dijo.
En una versión libre de noviembre de 2009, ‘El Samario’
también confesó la masacre. Según contó, el grupo de ‘paras’ salió de la
finca El Carmen, de Hugues Rodríguez, que colinda con El Prado. ‘El
Samario’ le explicó a la Fiscalía: “Ahí estábamos con ‘Tolemaida’ en una
reunión con el abogado José Daza Ortiz. ‘Tolemaida’ les sacó
información y yo maté a uno, él a dos y José Daza a dos más. Después los
sacaron en un tractor y salieron con la retroexcavadora. Los
desaparecieron, no sé donde fueron enterrados”. ‘Tolemaida’ es Oscar
José Ospina Pacheco, mano derecha de ‘Jorge 40’.
En los meses
siguientes los ‘paras asesinaron a siete parceleros más de El Prado:
Orlando Arias, Edward Bernal, José Sarabia, Crisanto Quintero, Santiago
Francisco Lindarte, Huber Meza y un señor llamado Jimmy.
‘El
Samario’ además le explicó a la Fiscalía que los crímenes eran ordenados
por Hugues Rodríguez, el presunto ‘Barbie’ del Bloque Norte, un amigo
de infancia de ‘Jorge 40’, y cuya hermana fue asesinada por las
guerrillas. Hugues fue condenado en Colombia por el asesinato de la
jueza de Becerril Marilys Hinojosa y que ahora está con libertad
condicional en Estados Unidos, mientras negocia una condena por lavado
de activos con la justicia de ese país.
‘El Samario’ también
dijo: “En Justicia y Paz me enteré que estas tierras fueron entregadas a
familiares del difunto ‘39’ . Me enteré de esto y que era porque Hugues
(Rodríguez) quería expandir sus tierras, porque tenían carbón, de ahí
es donde nace todo esto”. David Hernández Rojas era ‘39’, segundo al
mando del Bloque Norte.
Hoy Hugues Rodríguez, sus familiares y la
sociedad Inversiones Rodríguez Fuentes poseen cerca de ocho mil
hectáreas, entre las que están las parcelas de los campesinos usurpados
de El Prado y Mechoacán, sobre la mina de carbón El Descanso, una de
las más grandes de Sur América.
En Mechoacán también sacaron a
los adjudicatarios del Incora a la fuerza. El 2 de agosto de 2004
Enrique Sierra, alias ‘Peluca’, Adolfo Rada, alias ‘120’ y Erney
Quintero, alias ‘80’, gatilleros del Bloque Norte, asesinaron a Luis
Trespalacio Herrera, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de
Mechoacán.
“Lucho Trespalacio era conocedor de los principios de
la reforma agraria y defensor acérrimo de los campesinos” recuerda
Isabel López* en su patio en Bosconia. Los ‘paras’ también mataron a
Gabriel Cudri, miembro de la JAC de Mechoacán.
José Herrera*,
desplazado de Mechoacán, recordó: “Desde el 99 empezaron a meterse
grupos. Una noche mi hijo mayor les dijo que cómo así, que tanto
habíamos luchado por las tierras y no se las íbamos a dar así. Me lo
iban a matar, por eso me fui a Riohacha. Pero igual los ‘paras’ fueron
allá y me lo mataron. Dijeron que fuera donde fuera, me lo mataban,
porque no se dejó amedrentar de ellos. Y así hicieron con casi todos los
que recibimos esta tierras”.
‘El Samario’ le dijo a
VerdadAbierta.com que no estuvo en Mechoacán, pero que sabe que allá los
asesinatos y el desplazamiento también fueron por el carbón.
¿Cómo se robaron las tierras en El Prado?
Sin embargo la maldición del carbón para los campesinos de Prado y de Mechoacán apenas empezaba.
Cómo
la ley 160 prohíbe vender tierras de reforma agraria antes de doce
años, los ‘paras’ desplazaron a sus dueños. Después del desplazamiento
el Incoder (que reemplazó al Incora) constató que las tierras estaban
abandonadas y se las entregó a otras personas.
Según consta en
los folios de matricula inmobiliaria donde pocos meses después de las
masacres y los desplazamiento, declara que estas tierras están en
caducidad administrativa.
Según investigó la Fiscalía, en El
Prado ,el Incoder le traspasó las Parcelas 6,9, 10, 45 y 48 a familiares
de David Hernández, alias ‘39’, ex jefe del frente Cesar del Bloque
Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y mano derecha de
‘Jorge 40’, asesinado en 2004. Cuatro sobrinos de ‘39’ y la compañera de
uno de ellos figuran como los dueños.
Los investigadores
judiciales también determinaron que el Incoder le dio un tercio de los
predios (17 parcelas) a una sola familia, lo que está prohibido por ley
y que, presuntamente con la complicidad de su director de entonces,
Carlos Eduardo Reyes Jiménez, el Incoder de Cesar le reconoció la
posesión a los testaferros de los paramilitares. Estos testaferros
después le vendieron sus terrenos a Prodeco, multinacional suiza de la
minería, según constataron funcionarios de la Fiscalía.
Por el
probable origen espurio de los títulos, la Fiscalía ordenó medidas
cautelares sobre los predios. Además acusó de concierto para delinquir,
extorsión y desplazamiento forzado a ‘39’, ‘Tolemaida’, ‘El Samario’, y
al ex gerente regional del Incoder, Carlos Reyes. También solicitó
abrirle investigación a otros funcionarios del Incoder: a Enrique
Herrera Araujo, asesor de la gerencia, a Jairo Mesa Guerra, subgerente
de promoción y a Alfonso Vidal Baute, director territorial del Incoder.
En Mechoacán los muertos firmaron
Para
los campesinos de la vereda Mechoacán la venta de sus tierras fue aún
más irregular. Cómo los parceleros llevaban más tiempo en sus tierras,
ya tenían títulos de propiedad, por lo que los ‘paras’ y sus aliados,
según lo determinó la Fiscalía, tuvieron que recurrir al notario de
Chiriguaná, Cesar, para falsificar las escrituras originales.
Tiberio
Royero, el notario de Chiriguaná en la época y Carlos Reyes Jiménez,
gerente del Incoder de Cesar aprobaron nuevos títulos, a todas luces
fraudulentos. Así por ejemplo, ya muertos, varios parceleros de
Mechoacán firmaron el presunto traspaso de sus escrituras. Es el caso de
Esteban Muñoz, que falleció el 15 de agosto de 2006 y que firmó la
escritura el 6 de septiembre de 2006, es decir tres semanas después de
su deceso.
VerdadAbierta.com también encontró diversos documentos
donde las cédulas de las personas que salen firmando no corresponden a
la identificación real de los parceleros de Mechoacán.
Así mismo
varios campesinos analfabetas se quejaron ante VerdadAbierta.com que el
traspaso de sus lotes fue refrendado con firmas falsas. “Yo ni siquiera
sé firmar. Mi papá sólo nos enseñó a echar machete y ahora mis
escrituras salen con una firma perfecta”, explicó a VerdadAbierta.com
Ignacio Zuleta*.
Hay que resaltar que en 2003 once campesinos
dueños de Mechoacán ya estaban en el registro departamental de
desplazados por la violencia, según consta en los archivos de Acción
Social. De todos modos, el Incoder decidió caducar la adjudicación de
26 parcelas, entre las cuales había por lo menos dos que pertenecían a
familias desplazadas a la fuerza, ya registradas. Así lo determinó el
CTI. El Incoder tenía la obligación de tomar medidas cautelares sobre
esos predios y evitar la venta. En vez de eso declaró que las tierras
estaban abandonadas, lo que permitió el traspaso de los títulos.
Así,
entre los nuevos propietarios de Mechoacán está Ana Alicia Quiroz
Martínez, alcaldesa de La Jagua de Ibirico entre 1998 y 2000, condenada
en 2009 a cuatro años de prisión por uso irregular dineros públicos.
Según un documento de la Fiscalía tenía la parcela 36.
Otro
político que se quedó con tierras fue Laureano Enrique Rincón Ortiz,
alcalde de La Jagua electo en 2006, destituido en 2007 por la
Procuraduría. Según consta en las matrículas inmobiliarias de Mechoacán,
en 2006 Rincón aparece a la cabeza de la parcela 75.
A su vez
Jorge Alberto López, parcelero original de Mechoacán, se vio favorecido
con una entrega masiva de predios y terminó con más de diez parcelas en
sus manos. La investigación judicial constató que él adquirió las
parcelas 17, 74, 75, 50, 51, 53, 56 y 87, ya sea a su nombre o que “a
través de personas interpuestas”.
Por las graves irregularidades
el ex notario de Chiriguaná Tiberio Antonio Royero Rangel tiene medida
de aseguramiento. Royero, declaró ante la justicia que no es responsable
por el robo de tierras, pues lo hizo bajo la presión de los ‘paras’.
Según
Royero, en enero de 2006, las autodefensas le advirtieron que tenía que
firmar escrituras previamente elaboradas por Enrique Rincón (ex alcalde
de La Jagua) y Rina Caicedo Duarte. El ex notario también señaló que
Carlos Reyes, entonces gerente del Incoder Cesar, le dio dinero como
“parte de pago de los derechos notariales e impuestos de las escrituras
que se estaban elaborando”.
¿Quién tiene las tierras hoy en día?
Después
de haberse tomado las tierras de Mechoacán y El Prado, los presuntos
testaferros de los paramilitares y varios políticos negociaron los
predios usurpados con las multinacionales Prodeco y Drummond. Hoy buena
parte de esas tierras son devoradas por enormes volquetas y
retroexcavadores gigantes que explotan el carbón. Las medidas de
protección llegaron demasiado tarde, cuando algunos de estos predios ya
estaban siendo explotados por las mineras.
En 1997 el Instituto
Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas) y Drummond firmaron un
contrato para la exploración y explotación de El Descanso, con reservas
aproximadas de 1.760 millones toneladas de carbón. Después de decenas
estudios, en 2009 se iniciaron las primeras excavaciones. Además se
prevé que debajo de las capas de carbón de El Descanso reposan millones
de metros cúbicos de gas.
Como los recursos subterráneos son
propiedad de la Nación, las compañías que obtienen las concesiones
tienen que conciliar con los propietarios de los predios donde se
encuentran las minas o de lo contrario serán expropiados.
Después
de cancelar las adjudicaciones a los campesinos y los predios quedaron
oficialmente baldíos, el Incoder pactó con Prodeco y Drummond para
entregárselos. Nelson Urbina, defensor de desplazados de El Prado
resumió el despojo: “El Incoder les quita la posesión diciendo que se
fueron voluntariamente, cuando ellos se fueron amenazados y se metieron
otras personas y éstas negociaron con Prodeco. Los que vendieron no son
los verdaderos dueños, los suplantaron, porque los verdaderos
propietarios se fueron del Cesar”.
Según consta en documentos
oficiales, de las 128 parcelas de la vereda Mechoacán, 124 están
ocupadas por Drummond. La justicia tiene parte de estas tierras en
extinción de dominio, y la carbonera estadounidense necesita comprarlas
para seguir con la explotación de la mina.
En diversas
oportunidades y a lo largo de varias semanas, VerdadAbierta.com intentó
que voceros de la Drummond aportaran su versión de los hechos, y de si
tenían o no conocimiento sobre el origen espurio de las tierras que
compraron, pero no fue posible recibir respuesta.
El Prado fue
comprado por Prodeco, compañía minera de la multinacional suiza
Glencore. En un comunicado a la opinión pública de 2007, Prodeco había
informado que su empresa consiguió legítimamente los predios en la
vereda, a través de una negociación con el Incoder. Explicó que el
gobierno obligó la empresa a comprar los predios a 46 familias que
tenían el título de propiedad e informó y que pagó por ellos en octubre
de 2008 casi 4.000 millones de pesos. Y que enero de 2009 celebró con el
Incoder un Contrato de Promesa de Permuta, donde el Instituto se
comprometió a traspasarles la propiedad de El Prado.
En marzo de
2010 la multinacional suiza empezó la explotación de El Prado. Sin
embargo algunos desplazados ocuparon los predios. Por eso, según el
comunicado, “Prodeco solicitó la ayuda e intervención de la fuerza
pública para prevenir y garantizar la integridad de unos y otros”.
La
multinacional concluyó que a pesar de haber invertido más de 7.000
millones de pesos en El Prado, por las anomalías de Incoder no ha podido
adquirir la totalidad de los predios, e invita las autoridades
competentes a resolver la situación.
“Lo que es mío es mío”
En
los últimos meses los propietarios originales de El Prado han
denunciado la precaria situación en la que se encuentran. El 14 de mayo
de 2010 los campesinos se tomaron la sede del Incoder en Valledupar,
que a sus ojos es el principal culpable del despojo, pues al declarar
que los predios de El Prado y Mechoacán estaban abandonados permitió que
pasaran a manos de testaferros de los ‘paras’.
Nelson Urbina,
abogado de desplazados dijo: “Lo que queremos es que les den su
propiedad a los legítimos dueños y que se beneficien si posteriormente
la misma Prodeco o cualquier empresa minera está interesada en
comprarles sus predios”.
Por eso la Procuraduría abrió una
investigación en julio de 2010 y solicitó crear una agencia especial que
se ocupe del expediente e indague cuál fue el rol del Incoder en el
despojo.
En los últimos meses las autoridades capturaron a José
Ospino, alias ‘Tolemaida’, a Wilber Sierra, alias ‘Wicho’ y a Fernando
Andrade, alias ‘El Lanero’, que asesinaron y desaparecieron a cinco
personas de El Prado.
Sin embargo, Isabel López* aún no canta
victoria, pues su situación sigue siendo la misma desde hace casi diez
años. A pesar de poseer un lote que vale millones de pesos, vive en una
casa de lata en Bosconia, vendiendo empanadas y jugos en los buses
intermunicipales que paran en la ciudad.
Por eso dice con rabia y
orgullo, “cuando digo que algo es mío, es mío, es mío y no voy a dejar
de combatir hasta que me lo devuelvan”.
*Los nombres
de los desplazados de El Prado y Mechoacán con los que
VerdadAbierta.com habló fueron cambiados por razones de seguridad.
Fuente: verdadabierta.com
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