Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el debate al ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado Noriega, sobre la política minera, Comisión Quinta, 14 de septiembre de 2010.
Que cambien a Felipe Muñoz. Sí puede haber inversión extranjera si es beneficiosa y respeta la soberanía de Colombia. El interés nacional y el extranjero pueden llegar a ser antagónicos. Una tragedia como la de Amagá, en otro país, tumba de inmediato al gobierno. Paro cívico en Segovia y Remedios. Marmato, un pueblo entero que va a ser arrasado. Santurbán y el acueducto de Bucaramanga. AngloGold Ashanti amenaza las aguas del Tolima. Taraira, las trasnacionales contra la pequeña y mediana minería. Despojo en el río Suárez. Acoso a pequeños mineros de Caucasia. Minería y medio ambiente en el Cesar. Salarios de tercerizados, 70% inferiores. Cunden las enfermedades profesionales. Regalías escandalosamente bajas. Grandes exenciones de impuestos. Pésima la auditoría. Mineras: “Con Santos se nos volvió a aparecer la Virgen”. Extranjeros le imponen a Colombia. La auditoría es indelegable. No meter en el mismo saco a mineros informales y a narcotraficantes.

  Felipe Muñoz. El doctor Muñoz es el mismo director que viene de la administración anterior y, aunque en los nuevos hechos del anterior fin de semana vuelve y sale acusado de haber actuado de manera indebida en los casos delictivos ocurridos en el DAS, el presidente Santos decide mantenerlo en el cargo, lo que para nosotros es absolutamente inaceptable. No puede hablarse de garantías a la oposición cuando se mantiene en ese cargo a una persona señalada por varios testigos de haber procedido violando la Constitución y la ley.
En segundo término, debe decirle, señor ministro, que las respuestas al cuestionario apenas me llegaron anoche, lo que conduce de manera inevitable a que no me vaya a referir a ellas por razones obvias. Pienso que se cae de su peso que no se puede comentar unos temas que no hubo tiempo suficiente de analizar.
Voy a hacer un debate que espero nos resulte útil a todos y confío en ser capaz de resumir con la suficiente velocidad unos asuntos que pueden ser de interés para el Ministerio y para todos los colombianos. Me propongo hacer como una especie de reseña a vuelo de pájaro de un cúmulo de situaciones que vienen ocurriendo en la minería colombiana, como un popurrí, casos de uno u otro tipo, en pequeñas y grandes minas, impuestos, conflictos sociales, asuntos laborales y ambientales, que me llevan a concluir que la minería está funcionando supremamente mal. Ante el hecho de que cobra cada vez mayor importancia, parece haber llegado la hora de asumir con seriedad una serie de modificaciones necesarias,
advirtiendo que por razones del método me voy a referir a lo no petrolero, aun cuando los hidrocarburos sean también minería. Espero entonces, señora presidenta, poder resumir con la suficiente rapidez para dar una visión general que le permitan a los delegados de la Contraloría y la Procuraduría, a quienes invité muy especialmente a esta sesión y cuya presencia agradezco, mirar, ojalá con el Ministerio, qué correctivos se van a aprobar hacia adelante en mucho de lo que está pasando de todo orden y desde hace mucho rato, sin que se tomen las medidas pertinentes.

 
Pongo de presente, para empezar, algo que he venido martillando desde hace no sé cuantos años, denunciando que no hay auditoría seria del Estado colombiano en el control a las trasnacionales de la minería y a los contratos de gran minería. Y eso se denuncia y se denuncia, y salen cifras y datos, y la Contraloría y todo el mundo dice, ministro, corrija, pero no se corrige. Estamos limitándonos a aceptar informaciones de buena fe. En el capitalismo y en el mundo de los negocios, les pregunto, quién acepta relaciones en las que el uno afirma lo que quiera y el otro está obligado a creer por buena fe.

 
El interés nacional y el extranjero pueden ser antagónicos

 
Antes de entrar en materia, dos menciones que vale la pena hacer, pues el presente debate va a hacer expresa referencia a las relaciones del país con el capital extranjero. Reafirmo por enésima vez que no abrigo una posición de principios en contra de que en Colombia haya capital extranjero. Pienso que la inversión foránea puede ser bienvenida a Colombia siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos mínimos: que sea beneficiosa para el desarrollo nacional; que no se lesione la soberanía del país, o sea, que ese capital extranjero no venga a imponernos relaciones gravosas en beneficio de sus propios intereses; que no sean relaciones corruptas las que existan entre los funcionarios del Estado colombiano y los inversionistas, y además, que no se pierda de vista que no son idénticos los intereses del capital extranjero y los del el desarrollo nacional. Pueden coincidir o pueden no coincidir e incluso ser antagónicos, dependiendo de las circunstancias. Sostener que siempre y en todos los casos la inversión extranjera es bienvenida resulta una deformación. Hago en segundo término otra advertencia. Tampoco soy de los que piensan que no debe existir la minería. El mundo no puede funcionar sin proyectos mineros de uno u otro tipo. Lo que hay que ver es, ministro, dados los grandes impactos de estos proyectos mineros, cómo se resuelve el problema medioambiental, que viene agravándose, qué sucede con los derechos laborales, si las empresas pagan las regalías y los impuestos que deberían pagar, si se respeta la soberanía nacional y, nuevamente, si no hay corrupción y si no se estimula la corrupción de los funcionarios públicos.

 
Señalo un hecho preocupante y es el tamaño del territorio adjudicado a inversionistas extranjeros. Para mencionar un solo caso, la Anglo Gold Ashanti tiene concesionadas 690 mil hectáreas, en números redondos, un territorio inmenso con impacto sobre asuntos políticos y económicos y que explica buena parte de las contradicciones que se están viviendo en el mundo de la minería y que tienden a agravarse. Es el conflicto entre un sinnúmero de ciudadanos colombianos, pequeños, medianos, artesanales, de origen campesino, que quieren estar en el negocio de la minería y no pueden hacerlo porque el país está concesionado a las trasnacionales. La situación está creando todo tipo de fricciones, de roces, de enfrentamientos, y no veo que el país los esté asumiendo con
seriedad y que nos pueden traer gravísimas complicaciones. Prima otra vez la lógica de privilegiar el capital extranjero sobre los intereses de los nativos de estas tierras, lógica que por supuesto no comparto.

 
Muerte en Amagá

 
Vamos a los casos. Del primero que quiero mencionar, los cerca de setenta muertos de la mina de carbón en Amagá, algo se habló en Colombia, pero rápidamente fue olvidado por los medios de comunicación. El hecho tiene como una de sus causas el mal funcionamiento de la economía minera, porque no de otro modo se explica que en pleno siglo XXI sucedan catástrofes como estas cuando hay todo tipo de controles y medidores. Solo puede entenderse porque fallaron las medidas de precaución de los propietarios de la mina y porque fallaron los controles del Estado. En otro país del mundo esto solo, setenta ciudadanos pobres muertos, tumba al ministro. Aquí hubo dos días de menciones y se acabó el asunto y traigan otros nuevos para que siga operando la mina. Lo señalo como un hecho grave que el país dejó pasar sin que realmente se asumieran las consecuencias respectivas.

 
Paro cívico en Segovia y Remedios

 
Hoy somos testigos de otro problema grave relacionado con minería, el paro cívico que se desarrolla en Remedios y en Segovia, nordeste antioqueño, por cuenta de un conflicto entre los trabajadores de la Frontino Gold Mines, el gobierno nacional y unos compradores que terminaron quedándose hace poco con la mina. El paro refleja una contradicción bien grave. Los trabajadores sienten que las decisiones que tomó el gobierno de venderle la mina a una trasnacional canadiense se hizo atropellando sus derechos de propiedad y consideran además que fue un mal negocio por las reservas estimadas de oro, sobre las que se tiene alguna idea, no precisa del todo, y porque terminó vendiéndose la onza de oro a unos cuarenta dólares, cuando en el mercado internacional está costando 1.269 dólares. El hecho genera de entrada un llamado de atención y una actitud de repulsa por parte de quienes sienten que esos son sus intereses, y voy a explicar por qué los trabajadores lo ven así. Como si fuera poco, los que hoy están quedándose con la mina, unos canadienses, entran barriendo y echando a todos los trabajadores. Esto tiene origen en una liquidación previa de la empresa que acaba con la personería jurídica del sindicato y a su vez con el sindicato. Raro sería que no protestaran los trabajadores, porque si ellos ven que la mina es suya y que se vende a menos precio en contra de su opinión y que además la primera decisión que se toma es echarlos a la calle y reenganchar a algunos en condiciones salariales inferiores, el repudio es apenas lógico.
Este es un pleito viejo. Hace muchos años, los místeres propietarios de la Frontino Gold Mines, digámoslo así para simplificar las cosas, terminan arruinándose con el negocio. Y les pagan con la mina a los trabajadores, de acuerdo con una escritura firmada en el consulado de Colombia en Nueva York. Les dicen, señores trabajadores, las acreencias laborales que ustedes tienen páguenselas con la mina. El proceso es larguísimo. La mina está intervenida por la Superintendencia de Industria y Comercio hace mucho rato y desde el año 2004 se empieza a impulsar la decisión de vender la mina. Los trabajadores dejan en claro en ese momento que son ellos quienes tienen que decidir si se vende o no se vende,
porque ellos son los dueños. El gobierno esgrime argumentos jurídicos que no voy a detallar aduciendo que el gobierno está en pleno derecho de hacer lo que está haciendo. No voy a entrar en discusiones jurídicas al detalle. Los trabajadores sostienen que sus derechos son suficientes y lo mismo sostiene el gobierno, pero aquí hay un problema de sentido común y es que cuando los extranjeros entregan la mina en dación de pago a los trabajadores, resulta fácil entender que son los trabajadores los que quedan con los derechos sobre la propiedad. Pero al final es el gobierno el que decide. Digo entonces que, o la mina es de los extranjeros, de quienes fueron propietarios por mucho tiempo, o es de los trabajadores, pero lo que no entiendo es cómo se recurre a argucias legales para volverla de propiedad del Estado para que sea el Estado el que defina. Hay normas suficientes, señor ministro, por ejemplo, la Ley 222 de 1954 o la 550 de 1999 que le permiten al gobierno nacional, en este caso al del presidente Uribe, haberles entregado la empresa en dación de pago a los trabajadores y que fueran ellos quienes hubieran resuelto qué se hacía. Como la propia Superintendencia lo señala en documentos, el gobierno hubiera podido proceder así y no lo hizo, a mi juicio atropellando un derecho, lo que nos ha conducido hoy a un paro cívico en las dos poblaciones y a un problema complicado que afecta negativamente los derechos de los trabajadores. Es otro caso más en que, como suele suceder en Colombia, cada vez que entran en contradicción los intereses de las gentes del común y los del gobierno y particularmente los de las trasnacionales, la cuerda se revienta por lo más delgado y son los trabajadores los que terminan siendo sacrificados. El paro ya lleva varios días y, hasta donde entiendo, el gobierno nacional no se apersona de un problema que hay allí y que se ha convertido en dificilísima solución porque el gobierno ha venido tomando decisiones y ha venido imponiéndolas sobre esos compatriotas.
Marmato, un pueblo entero que va a ser arrasado

 
Un segundo caso es el de Marmato, Caldas, bien distinto del anterior pero que también clama al cielo. Cuál es la historia. Marmato es una comunidad multiétnica donde hay gente de ascendencia blanca, indígena y negra. Allí se extraía el oro aun antes de llegar los españoles y lo que hoy llamamos Marmato funciona allí como un establecimiento minero desde hace 470 años. Hay de por medio entonces todo un fenómeno cultural, pues el municipio fue incluso declarado por el Comité Técnico de Monumentos Nacionales como patrimonio de la nación. El casco urbano, con su iglesia, sus colegios, su alcaldía y varios miles de habitantes, forma una configuración urbana algo curiosa, pero digamos que ese es Marmato.

 
Desde 1954 se estableció que El Cerro del Burro, donde queda la población, era para pequeña minería y la parte baja para gran minería. Desde hace unos años se aparecieron por allí unas trasnacionales, particularmente la Colombia Goldfield, también canadiense –aquí nos están apareciendo los canadienses, ministro, con malos comportamientos por todas partes en estos asuntos de la minería–, y deciden empezar a comprar las minas de los pequeños mineros. Y van comprando minas, y mina que compran, mina que cierran. Terminaron comprando más de cien derechos, en medio de unos discursos alarmistas que apuntaban a meterle miedo a la gente para bajar los precios. Y no solo van cerrando las
minas, sino también los molinos, unos molinos californianos, o sea, los mineros que no venden también se van quedando sin donde moler su mineral.

 
Aquí hago el primer gran reclamo. Marmato es un pueblo donde todo el mundo vive de la minería. La actividad agropecuaria es escasísima. Cómo se le permite entonces a un inversionista extranjero llegar a un municipio, adquirir las únicas fuentes de trabajo y después cerrarlas con el cuento de que allí se va a hacer una explotación minera a cielo abierto. Y mientras la explotación aparece, ¿de qué vive la gente? Pero no solo eso. Cuando sobreviene la crisis del 2008, la Colombia Goldfield cierra las labores de exploración que estaba adelantando y se vuela, debiéndole plata a todo el mundo. Eso quedó ahí tirado, ministro. Hoy se aparece otra empresa, la Medoro Resources, la misma que se quedó con la Frontino, y algunas labores de exploración se han empezado a acometer, pero la crisis social sigue siendo de proporciones inmensas. Repito mi reflexión: ¿sería posible que alguien llegara al municipio de Saldaña, en el Tolima, una zona arrocera, y comprara todas las fincas y clausurara toda la producción simplemente porque se le dio la gana o porque el negocio no le funciona? ¿No se supone que en condiciones como estas deben respetarse las fuentes de empleo? ¿Podría yo llegar a Bogotá y comprar el Transmilenio y al otro día cerrar todo el sistema de transporte alegando que es mío? Pues justamente eso fue lo que se hizo en Marmato y ¿quién protege a los marmateños? Uno de los líos es que el manejo minero de Caldas lo detenta la Gobernación de Caldas, y de la peor manera. Es otra cosa que se debería revisar, porque lo que allí está sucediendo es inaudito.
Hay otro problema no menos grave que en Marmato ha generado...Continúa...

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