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Publicado por
Madre Tierra
Drummond ha sido autorizada para explotar una
gigantesca mina que convertirá a Colombia en potencia carbonera. Varios
pueblos serán trasladados parcialmente y se pavimentarán vías por todo
el Cesar. Pero también hay problemas.
Sábado 16 Agosto 2008
Drummond
tendrá 47.000 hectáreas para extraer carbón en Cesar. Allí también
operan empresas como Glencore y Coalcorp, a las que también le
establecieron compromisos como la pavimentación de vías.
Todo
lo que tiene que ver con la explotación de la mina de carbón El
Descanso en el departamento de Cesar es de proporciones astronómicas. Se
trata de uno de los proyectos a cielo abierto más extensos del mundo,
junto con El Cerrejón, en La Guajira, lo que va a poner al país entre
los tres mayores exportadores de carbón del planeta en cinco años.
El
gobierno colombiano acaba de darle vía libre a la explotación de esta
mina, por medio de una licencia ambiental que tiene exigentes
requisitos, no sólo para la multinacional Drummond, sino para un grupo
de empresas que explota carbón en esa zona. La decisión está rodeada de
polémica por el enorme impacto económico y social del proyecto.
El
Descanso mide 27.000 hectáreas que, sumadas al resto de los terrenos de
Drummond en Cesar -como la mina de la Loma-, da un campo de explotación
de 47.000 hectáreas, un tamaño igual a la tercera parte de Bogotá. Allí
hay 1.700 millones de toneladas en reservas. Si todas las compañías que
explotan carbón en Colombia sólo se dedicaran a este proyecto, se irían
25 años para extraer esos recursos. A la Drummond esta mina le da para
'entretenerse' por lo menos otros 60 años. Por eso, la firma ya anunció
inversiones por 1.500 millones de dólares para poder cumplir su plan de
expansión.
Las
implicaciones comerciales y sociales del carbón hoy son inmensas para
Colombia, que ya tiene las mayores reservas de Latinoamérica. El país
produjo el año pasado 70 millones de toneladas y, de cumplirse todos los
planes de expansión de las compañías carboníferas, pasará fácilmente a
170 millones de toneladas antes de 2014. El mercado internacional está
hoy dominado por Indonesia, Australia y Rusia. La buena noticia es que
Colombia se va a trepar al tercer lugar de ese ranking.
Pero
esta historia no es sólo color rosa. Tiene una cara menos amable. La
explotación minera, especialmente en la zona de Cesar, ha desencadenado
un dramático contraste: miles de millones de pesos en regalías,
inversión y utilidades, pero al mismo tiempo cientos de personas
sumergidas en la miseria, los malos manejos administrativos y la
contaminación ambiental. Sólo un botón de muestra: el año pasado, los
habitantes de la Jagua de Ibirico se lanzaron a una asonada para
protestar por las malas condiciones de vida en su municipio. Al
presidente Uribe le tocó ir a ponerle el pecho al problema.
Para
muchos, es en este contexto en el que hay que ver el proyecto de El
Descanso y por ello el Ministerio de Medio Ambiente impuso obligaciones
bastante gravosas a todas las compañías que explotan carbón en ese
departamento.
El Ministerio
aplicó un nuevo criterio llamado de "integralidad" para definir las
condiciones de la licencia. Esto quiere decir que el compromiso va mas
allá de la obligación de no contaminar y mitigar los impactos
ambientales, implica ayudar a reducir la contaminación general que se da
por la actividad minera en la región.
Por
ejemplo, aunque Drummond transporta su carbón por tren, tendrá que
pavimentar parte de la vía del Carbón, una carretera de unos 40
kilómetros que hoy está destapada y que utilizan otras compañías para
llevar semanalmente toneladas del producto en miles de camiones hasta
los puertos. Los índices de contaminación del aire por esta carretera
están disparados desde hace años.
Otro
de los requisitos más importantes es que antes de dos años, 2.500
personas que viven en el centro de Cesar y se ven afectadas por la
explotación del carbón, deberán ser reubicadas. Allí hay habitantes de
los municipios de El Paso, La Jagua, Becerril y Chiriguaná.
Esta
es una tarea titánica que ha ocurrido muy pocas veces en el país. Hace
30 años se trasladaron 13.000 personas de El Peñol, en Antioquia, por la
construcción de la represa que ahora lleva ese nombre. Lo mismo ocurrió
con el municipio de Guatavita y el embalse de Tominé.
En
este caso, será la primera vez que una reubicación masiva estará en
manos de un grupo de empresas carboneras que, a decir verdad, no cuenta
con buen prestigio entre la población que va a reubicar. Los retos del
traslado son enormes, pues no se trata simplemente de comprar predios,
sino de remendar las heridas que la explotación del carbón ha abierto en
la región. La negociación será muy dura.
El
alcalde de La Jagua de Ibirico, Alfonso Palacio, recordó la asonada del
año pasado en su municipio y aseguró que "las compañías carboneras de
Cesar tienen una deuda social, ambiental y laboral con los habitantes de
la región". Para él, la reubicación de la población tiene que ser
completamente concertada, no sólo con los habitantes, sino también con
las autoridades, pues "hemos hecho inversiones en escuelas, restaurantes
escolares, infraestructura y redes eléctricas, que no se las vamos
ahora a dejar a Drummond". Todo indica que los habitantes de la región
exigirán muchas cosas.
Las
compañías están obligadas igualmente a hacer un estudio epidemiológico y
a pagar los tratamientos médicos de aquellas personas que se confirme
resultaron afectadas por la explotación carbonera en la zona.
En
materia de infraestructura, Drummond deberá construir una banda
transportadora de 3,5 kilómetros sobre el mar y un canal para la entrada
de buques de gran calado, con el objetivo de hacer el cargue directo,
lo que reducirá la contaminación. Así mismo, un área equivalente a la
tercera parte de Medellín, es decir, 12.000 hectáreas afectadas por la
explotación minera.
La
viceministra de Medio Ambiente, Claudia Mora, explicó que la licencia
tiene una trascendencia histórica, por la clase de compromisos que le
fueron asignados a la compañía y por su enfoque integral.
"Aquí
el asunto no es cuáles son las obligaciones de cada compañía por
separado, sino cómo contribuyen en conjunto para que realmente mejore la
situación ambiental de esa región que fue declarada zona de fuente de
contaminación", explicó. Por eso, temas fundamentales como la
pavimentación de la carretera, el traslado de las 2.500 personas y el
estudio epidemiológico correrán por cuenta de todas las firmas. Allí
están igualmente Glencore, CoalCorp y otras compañías.
Aunque
la licencia reglamenta la explotación de la mina El Descanso, incluye
obligaciones para otras empresas que tienen licencias ambientales
completamente distintas. Una fuente del sector señaló que resulta un
contrasentido jurídico: si quisieran apretar a todos, pues deberían
haber reformado esas licencias ambientales y no utilizar una de la
Drummond, para poner contra la pared a todas. La discusión es tan
importante, que la aprobación de la licencia ambiental demoró tres años,
lo que no había ocurrido hasta el momento en ninguno de estos procesos.
El negocio del carbón tiene
de bueno y de malo, según el lente con que se mire. Por un lado, hay que
reconocer que este producto es una fuente de desarrollo para el país, y
la aprobación del proyecto de El Descanso así lo ratifica, más aun
cuando los precios del producto están en sus máximos históricos, entre
120 y 130 dólares la tonelada. Pero, por otra parte, la población de esa
zona tiene las alertas encendidas frente al crecimiento de la
explotación carbonífera y su impacto ambiental y social. El gran desafío
es si se podrá conciliar los intereses, a veces encontrados, del
gobierno, las empresas y las comunidades.
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