 |
| La destrucción ecológica del cauce del río Dagua es impresionante. |
Sandra Riascos es una máquina para lavar ropa y parir hijos. A sus 30 años, con su cara redonda y su sonrisa permanente, tiene siete vástagos y nada la amilana. En su pueblo es conocida como la dura para lavar ropa a orillas del río Dagua, en el corregimiento de Zaragoza, jurisdicción de Buenaventura.
En ese afluente, el mismo en el que hasta hace un par de años flotaban las víctimas de los paramilitares y la guerrilla, se encontraba el domingo 5 de abril de 2009, cuando un destello dorado puso a brillar sus ojos. Se acercó a un cúmulo de tierra formado por una retroexcavadora, y gracias a sus ancestros mineros no tardó en darse cuenta de que el material luminoso era oro disperso en chispitas por toda la playa.
Sandra asegura con ingenuidad que guardó el secreto y sólo les avisó a los 100 familiares que viven en el caserío. Por desgracia para ella el rumor navegó río abajo, y en menos de 24 horas su lavadero estaba atiborrado de personas en busca del sueño dorado, que se peleaban a muerte un pedazo de tierra donde escarbar. “Trabajé ese domingo, parte de la noche y alcancé a sacar 20 gramos de oro que vendí por un millón de pesos. Más na”, confesó mientras ventilaba con una toalla la herida de la cesárea de su último parto.
Esta mujer, así como buena parte de los 630 afrocolombianos que viven en el corregimiento ubicado a una hora de Buenaventura, cree que la fortuna de la mina ha sido una desgracia. “Nos trajo más problemas que beneficios”, dijo Salomé Reyes, una de las comuneras, quien precisó que un coreano y un brasileño, que estuvieron con sus dragas hasta hace unos meses, ya se llevaron la mayor riqueza de la mina.
La verdad es que antes y después del hallazgo dorado de Sandra, Zaragoza sigue siendo el mismo caserío habitado por la pobreza. “No tenemos un puesto de salud, estamos amenazados por una quebrada que se desborda en invierno y la única escuela donde estudian 130 niños carece de pupitres para todos”, argumentó la comunera. Todo esto precisamente cuando desde el año pasado la producción de oro en el país se incrementó en 39 por ciento, para llegar a 1,6 millones de onzas que dieron para que las exportaciones alcanzaran más de 1.500 millones de dólares.
Desde el descubrimiento de la mina aluvial de oro a lo largo de 22 kilómetros del río Dagua, Zaragoza se convirtió en un pueblo de cambuches, sin dios y sin ley. En ese asentamiento gitano se aglutinaron por lo menos 10.000 cazafortunas de Buenaventura y otras regiones como Cauca, Antioquia, Chocó y la costa caribe.
La estampida ambiciosa produjo la transformación física de la zona, que otrora era una playa rocosa desolada y ahora se asemeja a un área de combate con enormes cráteres y decenas de brazos mecánicos que remueven la tierra. La mutación ha sido de tal magnitud que ya no se distingue el cauce natural del río. A su alrededor pululan campamentos de plástico y cartón que cubren desde tiendas y restaurantes hasta almacenes y bares.
Según cifras de la Asociación de Mineros y Ambientales Unidos por Colombia (Asomaucol), en las minas de Zaragoza hoy viven 2.812 mineros de los 8.000 que contaron hace unos meses. Además, hay 220 dragas y 276 retroexcavadoras cuyos dueños ya han extraído 200 toneladas de oro que han producido regalías cercanas a los 2.000 millones de pesos. Una draga puede sacar en un día una libra de oro que se vende a unos 50.000 pesos por gramo y aporta 1.812 pesos de impuesto.
Pero lo que pudo ser una oportunidad de vida para los pobladores de Zaragoza pronto se transformó en muerte. Sólo semanas después de la llegada masiva de barequeros (mineros artesanales), el río comenzó a cobrar la presencia desordenada de sus visitantes, que se peleaban espacios entre las paredes de lodo y las palas mecánicas.
Decenas de derrumbes en las áreas de excavación produjeron la muerte de al menos cinco mineros artesanales y otros 20 salieron heridos. El problema se hizo mayor cuando se derrumbaron los socavones o ‘cubicos’, como les llaman los mineros a aquellos centenares de túneles verticales que en muchas ocasiones alcanzan los 15 metros de profundidad. “La única manera de sacarlos es con la retro, pero por lo general los cuerpos salen en pedazos”, explicó Néstor Valencia, un minero con 35 años en el oficio.
Cuando no es el río el que cobra víctimas, son los delincuentes que también llegaron en busca de botín. Desde el hallazgo de Sandra, la mina de oro suma 19 crímenes, el último de ellos ocurrido el jueves 20 de febrero, cuando dos hombres balearon a José Obando para robarle los gramos de oro que le había arañado al río.
El tema de la mina también dio origen a pleitos de límites que culminaron en muerte. Así lo detallan las autoridades tras el asesinato de Rosa Plazas, de 42 años, una mujer de Zaragoza que el parecer estaba sumida en una disputa de linderos con otra vecina. El 9 de febrero fue baleada por sicarios y dejó ocho huérfanos. Las autoridades investigan.
Quienes se sienten más afectados por la ola de inseguridad son los intermediarios, es decir, aquellas personas que con gramera y calculadora en mano les compran el oro a los barequeros en la zona de explotación. “Los bandidos nos tienen en la mira. Ya han sido asesinados cinco compañeros”, aseguró Rodrigo Longa, tras precisar que en las minas hay al menos 70 compradores.
A esas tragedias se suma la presión de grupos armados ilegales. Fuentes de la zona que pidieron reserva de sus nombres, le dijeron a SEMANA que ya se advierten bandas criminales que exigen vacunas: “Lo hacen a los propietarios de dragas y retroexcavadoras; algunos cedieron y otros se marcharon”, afirmaron las fuentes.
Gervasio Ballesteros, un minero experto en sacar oro con maquinaria y que llegó a explorar las minas de Zaragoza, asegura que esas presiones son el pan de cada día en zonas auríferas. “Basta con echarle una miradita a lo que ocurre con las minas en el Chocó”.
Debido a todos esos problemas, el gobierno nacional tomó cartas en el asunto a finales del año pasado, y desde entonces los líos surgidos en esa mina han merecido pronunciamientos de los ministerios de Minas, Interior, Ambiente y hasta de Invías. El asunto es que, además de la afectación ambiental, las excavaciones en la zona al parecer aumentaron la sedimentación que hoy tiene en riesgo la profundidad del canal de acceso al puerto de Buenaventura. El director de Invías, Enrique Martínez, hizo la advertencia y, como si fuera poco, el concesionario del corredor férreo también alegó futuros daños colaterales sobre el trazado.
El tema de la sedimentación del río Dagua está bien documentado por la Corporación Ambiental del Valle (CVC). Su directora, Jazmín Osorio, ordenó desde mayo de 2009 suspender la explotación ilegal de oro. Pese a esa medida, el alcalde José Félix Ocoró se abstuvo de hacerla cumplir con el argumento de que un desalojo por la fuerza podría desencadenar una tragedia. Hay quienes creen que su posición obedeció a un simple cálculo político, debido a la proximidad de las elecciones al Congreso.
Sin embargo, en el fondo la excusa del alcalde es cierta, primero, porque en las minas viven desde niños hasta mujeres en embarazo y segundo, porque no hay duda de que esa comunidad defenderá con su vida la permanencia en la zona. “Estamos a la espera que el Ministerio se pronuncie en torno a una solicitud de explotación que hicieron las comunidades negras de este territorio, quienes tienen derecho prioritario por encontrarse en su territorio”, explicó Henry Moreno, secretario de Gobierno. Mientras la burocracia hace su trámite, la mina de Zaragoza amenaza con convertirse en una bomba social a punto de estallar.
Es tal la tensión que las autoridades cívicas de Buenaventura no se atreven a poner un pie en las minas por temor a ser linchados. “Se mantienen a la defensiva y la simple presencia nuestra los exalta”, explicó Henry Forí, director de la Oficina para la Prevención y Atención de Desastres.
Sin duda, el problema ha crecido y la solución requerirá mucho más que un grupo antimotines de la Policía para desalojar a los mineros y sus dragas. Mientras ello ocurre, Sandra seguirá lavando ropa porque de la mina y su oro no quiere saber “más na”.
En ese afluente, el mismo en el que hasta hace un par de años flotaban las víctimas de los paramilitares y la guerrilla, se encontraba el domingo 5 de abril de 2009, cuando un destello dorado puso a brillar sus ojos. Se acercó a un cúmulo de tierra formado por una retroexcavadora, y gracias a sus ancestros mineros no tardó en darse cuenta de que el material luminoso era oro disperso en chispitas por toda la playa.
Sandra asegura con ingenuidad que guardó el secreto y sólo les avisó a los 100 familiares que viven en el caserío. Por desgracia para ella el rumor navegó río abajo, y en menos de 24 horas su lavadero estaba atiborrado de personas en busca del sueño dorado, que se peleaban a muerte un pedazo de tierra donde escarbar. “Trabajé ese domingo, parte de la noche y alcancé a sacar 20 gramos de oro que vendí por un millón de pesos. Más na”, confesó mientras ventilaba con una toalla la herida de la cesárea de su último parto.
Esta mujer, así como buena parte de los 630 afrocolombianos que viven en el corregimiento ubicado a una hora de Buenaventura, cree que la fortuna de la mina ha sido una desgracia. “Nos trajo más problemas que beneficios”, dijo Salomé Reyes, una de las comuneras, quien precisó que un coreano y un brasileño, que estuvieron con sus dragas hasta hace unos meses, ya se llevaron la mayor riqueza de la mina.
La verdad es que antes y después del hallazgo dorado de Sandra, Zaragoza sigue siendo el mismo caserío habitado por la pobreza. “No tenemos un puesto de salud, estamos amenazados por una quebrada que se desborda en invierno y la única escuela donde estudian 130 niños carece de pupitres para todos”, argumentó la comunera. Todo esto precisamente cuando desde el año pasado la producción de oro en el país se incrementó en 39 por ciento, para llegar a 1,6 millones de onzas que dieron para que las exportaciones alcanzaran más de 1.500 millones de dólares.
Desde el descubrimiento de la mina aluvial de oro a lo largo de 22 kilómetros del río Dagua, Zaragoza se convirtió en un pueblo de cambuches, sin dios y sin ley. En ese asentamiento gitano se aglutinaron por lo menos 10.000 cazafortunas de Buenaventura y otras regiones como Cauca, Antioquia, Chocó y la costa caribe.
La estampida ambiciosa produjo la transformación física de la zona, que otrora era una playa rocosa desolada y ahora se asemeja a un área de combate con enormes cráteres y decenas de brazos mecánicos que remueven la tierra. La mutación ha sido de tal magnitud que ya no se distingue el cauce natural del río. A su alrededor pululan campamentos de plástico y cartón que cubren desde tiendas y restaurantes hasta almacenes y bares.
Según cifras de la Asociación de Mineros y Ambientales Unidos por Colombia (Asomaucol), en las minas de Zaragoza hoy viven 2.812 mineros de los 8.000 que contaron hace unos meses. Además, hay 220 dragas y 276 retroexcavadoras cuyos dueños ya han extraído 200 toneladas de oro que han producido regalías cercanas a los 2.000 millones de pesos. Una draga puede sacar en un día una libra de oro que se vende a unos 50.000 pesos por gramo y aporta 1.812 pesos de impuesto.
Pero lo que pudo ser una oportunidad de vida para los pobladores de Zaragoza pronto se transformó en muerte. Sólo semanas después de la llegada masiva de barequeros (mineros artesanales), el río comenzó a cobrar la presencia desordenada de sus visitantes, que se peleaban espacios entre las paredes de lodo y las palas mecánicas.
Decenas de derrumbes en las áreas de excavación produjeron la muerte de al menos cinco mineros artesanales y otros 20 salieron heridos. El problema se hizo mayor cuando se derrumbaron los socavones o ‘cubicos’, como les llaman los mineros a aquellos centenares de túneles verticales que en muchas ocasiones alcanzan los 15 metros de profundidad. “La única manera de sacarlos es con la retro, pero por lo general los cuerpos salen en pedazos”, explicó Néstor Valencia, un minero con 35 años en el oficio.
Cuando no es el río el que cobra víctimas, son los delincuentes que también llegaron en busca de botín. Desde el hallazgo de Sandra, la mina de oro suma 19 crímenes, el último de ellos ocurrido el jueves 20 de febrero, cuando dos hombres balearon a José Obando para robarle los gramos de oro que le había arañado al río.
El tema de la mina también dio origen a pleitos de límites que culminaron en muerte. Así lo detallan las autoridades tras el asesinato de Rosa Plazas, de 42 años, una mujer de Zaragoza que el parecer estaba sumida en una disputa de linderos con otra vecina. El 9 de febrero fue baleada por sicarios y dejó ocho huérfanos. Las autoridades investigan.
Quienes se sienten más afectados por la ola de inseguridad son los intermediarios, es decir, aquellas personas que con gramera y calculadora en mano les compran el oro a los barequeros en la zona de explotación. “Los bandidos nos tienen en la mira. Ya han sido asesinados cinco compañeros”, aseguró Rodrigo Longa, tras precisar que en las minas hay al menos 70 compradores.
A esas tragedias se suma la presión de grupos armados ilegales. Fuentes de la zona que pidieron reserva de sus nombres, le dijeron a SEMANA que ya se advierten bandas criminales que exigen vacunas: “Lo hacen a los propietarios de dragas y retroexcavadoras; algunos cedieron y otros se marcharon”, afirmaron las fuentes.
Gervasio Ballesteros, un minero experto en sacar oro con maquinaria y que llegó a explorar las minas de Zaragoza, asegura que esas presiones son el pan de cada día en zonas auríferas. “Basta con echarle una miradita a lo que ocurre con las minas en el Chocó”.
Debido a todos esos problemas, el gobierno nacional tomó cartas en el asunto a finales del año pasado, y desde entonces los líos surgidos en esa mina han merecido pronunciamientos de los ministerios de Minas, Interior, Ambiente y hasta de Invías. El asunto es que, además de la afectación ambiental, las excavaciones en la zona al parecer aumentaron la sedimentación que hoy tiene en riesgo la profundidad del canal de acceso al puerto de Buenaventura. El director de Invías, Enrique Martínez, hizo la advertencia y, como si fuera poco, el concesionario del corredor férreo también alegó futuros daños colaterales sobre el trazado.
El tema de la sedimentación del río Dagua está bien documentado por la Corporación Ambiental del Valle (CVC). Su directora, Jazmín Osorio, ordenó desde mayo de 2009 suspender la explotación ilegal de oro. Pese a esa medida, el alcalde José Félix Ocoró se abstuvo de hacerla cumplir con el argumento de que un desalojo por la fuerza podría desencadenar una tragedia. Hay quienes creen que su posición obedeció a un simple cálculo político, debido a la proximidad de las elecciones al Congreso.
Sin embargo, en el fondo la excusa del alcalde es cierta, primero, porque en las minas viven desde niños hasta mujeres en embarazo y segundo, porque no hay duda de que esa comunidad defenderá con su vida la permanencia en la zona. “Estamos a la espera que el Ministerio se pronuncie en torno a una solicitud de explotación que hicieron las comunidades negras de este territorio, quienes tienen derecho prioritario por encontrarse en su territorio”, explicó Henry Moreno, secretario de Gobierno. Mientras la burocracia hace su trámite, la mina de Zaragoza amenaza con convertirse en una bomba social a punto de estallar.
Es tal la tensión que las autoridades cívicas de Buenaventura no se atreven a poner un pie en las minas por temor a ser linchados. “Se mantienen a la defensiva y la simple presencia nuestra los exalta”, explicó Henry Forí, director de la Oficina para la Prevención y Atención de Desastres.
Sin duda, el problema ha crecido y la solución requerirá mucho más que un grupo antimotines de la Policía para desalojar a los mineros y sus dragas. Mientras ello ocurre, Sandra seguirá lavando ropa porque de la mina y su oro no quiere saber “más na”.
Tomado de: Semana.com
0 Response to "La maldición del oro"